Vivimos en sociedades que envejecen, con niveles de natalidades bajos y una esperanza de vida que se alarga. Como se destaca, según el Idescat, en 2040 habrá un 26% de la población con más de 65 años. Esta cifra representará 2,1 millones de personas, frente a la cifra de 1,4 millones y el 19% en 2021. Este crecimiento sin precedentes sucede paralelo a un edadismo en muchos sectores, desde el mercado laboral a la salud.
Mireia Fernández-Ardèvol alerta sobre la brecha digital en sociedades cada vez más tecnológicas. “Un 40% de los hogares donde viven personas mayores de 65 años no tienen internet para realizar los trámites digitales y si tienen esto no quiere decir que tengan las habilidades para hacerlo”. Las personas mayores no son ajenas a la tecnología, sobre todo de los smartphones. Pero, “se deben garantizar alternativas para los ciudadanos que no quieren hacerlo o porque no tienen las competencias“.
Los recursos para avanzar hacia la digitalización se han concentrado en la infancia y el entorno productivo, pero han dejado de lado a las personas mayores. Estas transformaciones deben permitir un equilibrio entre la eficiencia y los recursos para que todo el mundo disponga de plenas competencias, concluye el artículo. Las entidades bancarias y la atención a las consultas médicas virtuales son dos ejemplos. “Hay que garantizar el derecho de la ciudadanía a poder elegir si se quiere digitalizar“, defiende Fernández-Ardèvol.
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